Un megaproyecto de reforma impulsado por el Gobierno ha desatado una fuerte controversia al proponer la eliminación de la figura del femicidio del Código Penal y la modificación de las penas por homicidio. La iniciativa, que busca instaurar una “ley de igualdad ante la ley”, argumenta que no se deben privilegiar grupos específicos en la legislación, generando un intenso debate sobre la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género

El proyecto de reforma abarca una amplia gama de modificaciones legales, incluyendo la derogación de normativas como los cupos trans, de discapacidad y el cupo femenino para candidaturas políticas. Sin embargo, la propuesta de eliminar la figura agravante del femicidio en el Código Penal ha concentrado la mayor parte de la atención y el rechazo de diversos sectores de la sociedad.

La justificación del Gobierno para esta medida se basa en la premisa de que “es una locura que haya una pena mayor por un homicidio contra una mujer que la que hay contra un hombre”. Esta postura se refuerza con declaraciones del presidente Milei, quien ha cuestionado el accionar de los colectivos feministas, argumentando que “no se quejan de que la mayoría de presos, los plomeros y los muertos en las guerras son hombres”.

Esta propuesta ignora las alarmantes estadísticas que revelan la persistencia de la violencia de género en Argentina. Según datos recientes, una mujer es asesinada por razones de género cada 29 horas, y en 2024 se registraron 255 femicidios. La eliminación de la figura del femicidio como agravante generaría una desprotección jurídica para las víctimas de este tipo de crímenes, que responden a una problemática social específica y profundamente arraigada.

La reforma, según se ha informado, no tendrá carácter retroactivo, por lo que no afectará las condenas ya dictadas. Sin embargo, su implementación sentaría un peligroso precedente y debilitaría los avances logrados en materia de derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

La decisión del gobierno se enmarca en un contexto de debate sobre la igualdad ante la ley y la necesidad de evitar la “discriminación positiva”. Sin embargo, numerosos especialistas y organizaciones de derechos humanos advierten que la eliminación de la figura del femicidio ignora la desigualdad estructural que sufren las mujeres y la necesidad de contar con herramientas legales específicas para combatir la violencia de género.