El senador Alex Campbell presentó una iniciativa para impedir que los detenidos delinquen desde los penales. El texto propone bloqueos de señal y controles estrictos para frenar las estafas virtuales y el uso de redes sociales.

El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, formalizó la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir de forma definitiva el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La propuesta no solo apunta a la restricción del dispositivo físico, sino que exige la instalación obligatoria de inhibidores de señal en todas las unidades penitenciarias para neutralizar cualquier intento de comunicación inalámbrica no supervisada.

El legislador fundamentó su iniciativa en la necesidad de recuperar el control del orden interno en los penales, denunciando que la situación actual permite que personas condenadas por delitos graves mantengan una presencia activa en la vida pública digital. «En las cárceles de la provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro. Hacen TikToks, vivos, asados y juegan a la play. Es una vergüenza», disparó Campbell al dar a conocer los alcances de su propuesta.

Un freno a los «call centers del delito»

El diagnóstico que acompaña al proyecto vincula directamente la disponibilidad de tecnología en los pabellones con el aumento de la criminalidad organizada. Campbell calificó a las unidades penitenciarias como «call centers del delito», desde donde se coordinan estafas, secuestros virtuales y amenazas.

Para revertir este escenario, el proyecto contempla:

• Instalación de inhibidores: Bloqueo técnico de señales de telefonía móvil e internet en módulos y pabellones.

• Controles periódicos: Requisas sistemáticas tanto en los sectores de alojamiento como en las áreas de visitas.

• Supervisión del personal: Vigilancia sobre los agentes penitenciarios para evitar el ingreso ilegal de dispositivos.

El impacto de la medida pospandemia

El debate sobre la conectividad en las prisiones bonaerenses tiene su origen en marzo de 2020. En aquel momento, debido al aislamiento por el Covid-19 y la suspensión de las visitas presenciales, la administración provincial habilitó el uso de celulares para que los internos mantuvieran el vínculo familiar. Lo que nació como una excepción humanitaria se transformó, según la oposición, en una herramienta para la delincuencia.

Las estadísticas oficiales respaldan la preocupación sobre el uso de estas tecnologías. Según datos del Ministerio de Seguridad, las denuncias por estafas en territorio bonaerense saltaron de 15.711 casos en 2020 a 27.919 en 2021, lo que representa un incremento del 77,7% en solo un año de vigencia de la medida.

Antecedentes y apoyos legislativos

El proyecto de Campbell se suma a una serie de reclamos que vienen ganando terreno en la Legislatura. Recientemente, la diputada Analía Corvino (La Libertad Avanza) había denunciado el hallazgo de planes de robos y videollamadas en dispositivos secuestrados a líderes de bandas criminales desde sus celdas.

Asimismo, la iniciativa retoma conceptos propuestos anteriormente por legisladoras como Nazarena Mesías (UCR) y cuenta con el respaldo de voces como la de Florencia Arietto (LLA), quienes exigen que la política criminal priorice la seguridad ciudadana por sobre las facilidades tecnológicas de los detenidos. «Hablamos de delincuentes condenados por homicidios; esto no puede seguir pasando», concluyó Campbell.