El senador de Unión por la Patria cuestionó el vínculo entre fallos recientes y beneficios para magistrados. Propuso una reestructuración total del sistema que incluya la renovación de la Corte Suprema para evitar que el Poder Judicial funcione como un blindaje para sectores económicos.

El escenario político nacional se vio sacudido por las recientes definiciones del senador Mariano Recalde, quien situó la necesidad de una reforma profunda del Poder Judicial como el eje central de un futuro programa de gobierno. Durante una entrevista radial, el legislador porteño analizó con suspicacia el caso del juez Víctor Pesino, señalando lo que considera una evidencia de irregularidad institucional en el sistema de nombramientos y prórrogas.

Recalde puso el foco en que el magistrado recibió un pedido de prórroga en su cargo por parte del Poder Ejecutivo poco después de haber dictado una sentencia favorable a los cambios en la normativa laboral impulsados por la gestión nacional. Para el senador, la sincronía entre el fallo y el beneficio administrativo resulta «obscena». Según su perspectiva, la celeridad inusual con la que el gobierno de Javier Milei actuó para extender el mandato del juez por cinco años más desnuda un acuerdo político subyacente que debilita la imparcialidad de los tribunales.

Denuncias por vacantes y defensa de la justicia nacional

En otro tramo de su intervención, el referente de Unión por la Patria denunció la existencia de un supuesto convenio entre la administración central y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El legislador explicó que, si bien existía un compromiso previo para no designar nuevos magistrados en el ámbito de la Justicia Nacional para favorecer un vaciamiento progresivo, el oficialismo habría roto su propia premisa para premiar comportamientos judiciales específicos.

Debido a esto, Recalde insistió en que una reestructuración integral es el único camino para evitar que la justicia sea utilizada como una herramienta de intercambio de favores. Aseguró que la Justicia Nacional es blanco de ataques oficiales debido a su histórica tradición en la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, advirtió que el intento de traspasar estas competencias al ámbito porteño busca desarticular la protección legal de los sectores laborales frente a las grandes corporaciones.

Estrategia institucional frente al poder económico

La propuesta del senador no se limita a cambios técnicos en las instancias inferiores, sino que apunta directamente a la cúpula del sistema. Afirmó que cualquier transformación social quedará trunca si no se renueva la composición de la Corte Suprema de Justicia. En sus palabras, el esquema actual funciona como un blindaje para figuras políticas de la oposición y para los grandes grupos económicos, mientras que acelera procesos contra líderes populares.

Finalmente, el legislador recalcó que esta reestructuración debe ser una prioridad absoluta para el peronismo. Sostuvo que, de no modificarse las estructuras actuales, la impunidad de los funcionarios vinculados a gestiones anteriores y el hostigamiento a dirigentes de su espacio político persistirán. En conclusión, Recalde posicionó la intervención sobre el sistema jurídico como la base indispensable para garantizar la equidad y la soberanía política en el país.