Sturzenegger prepara un nuevo paquete de desregulaciones

El proyecto busca eliminar requisitos profesionales, controles y precios regulados en diversos sectores económicos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, avanza en la elaboración de un nuevo paquete de reformas que contempla la modificación de aproximadamente 50 leyes y la derogación de otras 13 normas vigentes. La iniciativa, definida informalmente como una «Ley Hojarasca 2.0», apunta a profundizar la reducción de la intervención estatal y la eliminación de requisitos para el ejercicio de diversas actividades.

Entre los puntos más destacados se encuentra la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera, lo que eliminaría el precio uniforme de venta de libros en todo el territorio nacional. Desde el sector editorial advierten que la liberación de precios permitiría a grandes cadenas y superficies comerciales aplicar descuentos agresivos, perjudicando la competitividad de las librerías independientes y de barrio.

En el mercado inmobiliario, la propuesta elimina la obligación de poseer un título universitario de Martillero y Corredor Público para ejercer la intermediación, estableciendo como únicos requisitos la mayoría de edad y la formación secundaria completa. Asimismo, se libera el acuerdo de comisiones entre las partes y se impulsa el uso de plataformas digitales para validar operaciones.

Respecto al sector farmacéutico, el texto habilita la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos no farmacéuticos, como supermercados y comercios de cercanía, además de promover la venta digital y el envío a domicilio. Entidades del sector expresaron su preocupación por el eventual impacto sanitario y la falta de supervisión profesional.

El borrador incluye también modificaciones en el régimen de comercialización de gas licuado en garrafas, cambios en los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), desregulaciones en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la revisión de incumbencias para traductores públicos.