La administración provincial reportó una quita del 15% en sus fondos líquidos en comparación con el año 2023 y ratificó el reclamo a la Casa Rosada por una deuda de 24,6 billones de pesos. En conferencia de prensa, las autoridades presentaron además un proyecto de ley para regular el trabajo en plataformas digitales y manifestaron su rechazo a las reformas previstas en el paquete energético nacional.

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires expuso un detallado informe sobre el impacto de las políticas macroeconómicas nacionales en las arcas y la estructura productiva del territorio bonaerense. Durante un encuentro con la prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al titular de la cartera de Trabajo, Walter Correa, y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, repasaron los indicadores financieros del primer trimestre, adelantaron iniciativas legislativas en materia laboral y fijaron posición ante el debate por la desregulación de los servicios públicos.

Alerta por la merma de recursos y reclamo multimillonario

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, brindó precisiones sobre la evolución de los ingresos provinciales, revelando que durante el primer trimestre del corriente año se consolidó una baja de dos puntos porcentuales en la recaudación y transferencias respecto al mismo período del año 2025. Al ampliar la perspectiva histórica y comparar los números actuales con los registros del año 2023, la reducción real de los recursos líquidos de los que dispone la Gobernación alcanza el 15%.

Frente a este panorama de restricción fiscal, Bianco ratificó que la administración que lidera Axel Kicillof mantiene vigente un reclamo administrativo y judicial contra el Estado nacional por un monto consolidado de 24,6 billones de pesos. De acuerdo con el desglose oficial, esta cifra se compone de deudas directas por fondos coparticipables retenidos, la valorización técnica de la obra pública civil paralizada en territorio bonaerense y la discontinuidad unilateral de diversos programas de asistencia social y educativa. Para mensurar el volumen del pasivo, el funcionario detalló que dicha suma equivale a la construcción de 17.000 kilómetros de nuevas rutas pavimentadas o a la ejecución de más de 300.000 viviendas sociales.

«La crisis económica que estamos atravesando ya es innegable: se evidencia una caída brutal de todos los índices de consumo y actividad», sentenció el ministro de Gobierno, vinculando la recesión actual de forma directa con el programa económico de la Casa Rosada.

Regulación laboral para repartidores de plataformas

Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, anunció el impulso formal de un proyecto de ley de carácter provincial orientado a regular la actividad de los trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales de reparto y servicios. Según especificó el funcionario, el articulado de la norma fue diseñado bajo los parámetros institucionales y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La iniciativa legislativa contempla la creación de un registro obligatorio de empleados que las empresas del sector deberán cumplimentar para poder operar en la jurisdicción bonaerense. Asimismo, el proyecto fija pautas estrictas en materia de seguridad e higiene, exigiendo la cobertura de seguros por enfermedad o accidentes de trabajo, la habilitación de espacios sanitarios físicos para el personal técnico, inspecciones regulares y el desarrollo tecnológico de un sistema de alerta con «botones de pánico» integrados a las aplicaciones móviles para dar respuesta ante siniestros o hechos de inseguridad en la vía pública.

Objeciones al esquema energético nacional

Finalmente, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, analizó el impacto que tendrá sobre la provincia el paquete energético que el Poder Ejecutivo nacional remitió para su tratamiento en el Congreso de la Nación. El funcionario advirtió que las modificaciones propuestas alteran los marcos regulatorios vigentes y perjudican de manera directa el tejido social y de consumo local.

Entre las principales críticas enumeradas por el área técnica se destaca la reducción en la cantidad de usuarios residenciales elegibles para los subsidios de tarifas, afectando especialmente el esquema de beneficios destinado a las denominadas «zonas frías». A su vez, Ghioni cuestionó la propuesta de traslado automático de variables macroeconómicas coyunturales y del valor de las divisas directamente a las boletas de gas y energía eléctrica.

El funcionario provincial alertó además que el proyecto nacional avanza de forma indebida sobre las potestades tributarias de los estados provinciales al intentar limitar la generación de tasas e impuestos locales, y criticó la falta de incentivos para la creación de puestos de empleo nacionales dentro del apartado dedicado a promover las energías renovables. «No necesitamos energía solo de exportación, sino también para toda la Argentina. Creemos que el Estado debe estar presente para amortiguar y traccionar los sectores de la producción», concluyó