El diputado bonaerense de la Coalición Cívica condenó el ataque sufrido por un productor rural del distrito, advirtió sobre el riesgo que generó el hecho y no descartó una posible motivación política vinculada al debate por las tasas municipales.

Un grave hecho de vandalismo ocurrido en un establecimiento rural de Coronel Suárez generó un fuerte repudio político y encendió alarmas por las posibles consecuencias que pudo haber tenido. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, calificó el episodio como “cobarde” y reclamó el inmediato esclarecimiento del ataque sufrido por un productor rural vinculado al espacio político.

El episodio se produjo en el establecimiento La Deseada, propiedad de Alberto Fernández, productor lechero y referente fundador de la Coalición Cívica en el distrito. Según se denunció, durante la noche se cortaron de manera intencional siete hilos del alambre perimetral del campo, donde se encontraban más de 100 vacas, lo que podría haber provocado que los animales salieran a la ruta, con un riesgo extremo para automovilistas y vecinos de la zona.

Riesgo para la vida y denuncia judicial

El ataque fue denunciado ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que tomó intervención en el caso. Desde la Coalición Cívica señalaron que el hecho no fue un robo, sino una acción deliberada destinada a causar daño.

En un comunicado difundido por el partido, se advirtió que el autor del hecho no advirtió la presencia de un carretel con piolín eléctrico, que esa noche contenía a los animales.
“De haber salido el ganado a la ruta, estaríamos hablando de uno o varios accidentes y posiblemente de pérdidas de vidas”, señalaron.

La familia Fernández vive y trabaja en el lugar desde hace 43 años, dedicada históricamente a la producción de leche, sin antecedentes de hechos similares. “Es un delito muy grave, totalmente intencional, cuyo único objetivo era ocasionar un daño tremendo, no solo a ellos, sino a cualquier tercero que pasara esa noche por la ruta”, remarcaron desde el espacio político.

Repudio de Andrés De Leo

El diputado Andrés De Leo se expresó públicamente a través de sus redes sociales, donde calificó el ataque como un hecho de extrema gravedad.

“Es un hecho cobarde que puso en riesgo a su familia. Exigimos justicia inmediata y el esclarecimiento perentorio de este ataque contra la libertad de opinión”, afirmó el legislador.

Además, compartió el comunicado oficial de la Coalición Cívica, en el que se deja planteada la posibilidad de que el ataque esté vinculado al posicionamiento político del espacio frente al aumento de tasas municipales y la creación de un nuevo impuesto impulsado por el Ejecutivo local.

“¿Tenemos que pensar que esto tiene algo que ver con el posicionamiento de la Coalición Cívica frente al último aumento de tasas y la creación del nuevo impuesto?”, plantearon desde el partido.

Pedido de acceso a cámaras y apoyo institucional

Desde la Coalición Cívica también solicitaron que se utilicen las cámaras de seguridad municipales existentes en la zona para identificar a los responsables. En ese marco, instaron al secretario de Seguridad, Gastón Duarte, y a las autoridades competentes a avanzar con las acciones necesarias para esclarecer el hecho.

El ataque también fue repudiado por la Sociedad Rural de Coronel Suárez, que emitió un comunicado en el que reclamó a las autoridades que “agoten todos los recursos necesarios para esclarecer a la brevedad este lamentable episodio”.

Un hecho que se da en un contexto de crisis agropecuaria

El episodio se produjo en un contexto delicado para el sector rural. En las últimas horas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof prorrogó el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para distintas circunscripciones de los partidos de Coronel Suárez y Guaminí, mediante el Decreto N° 1/2026.

La medida, que rige entre el 1 de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, reconoce la persistencia de una situación crítica provocada por la sequía, que afecta de manera directa la capacidad productiva de las explotaciones rurales. Los productores alcanzados accederán a beneficios impositivos y crediticios, contemplados en la Ley N° 10.390.

Mientras avanza la investigación judicial, el ataque en La Deseada reavivó el debate sobre la violencia política, la seguridad rural y la protección de la producción agropecuaria, en un escenario marcado por tensiones económicas y fiscales en el interior bonaerense.