Tras una huelga de 72 horas, el Ejecutivo municipal y CICOP acordaron que las jornadas de paro se cataloguen, de momento, como ausencia con aviso. Sin embargo, el municipio mantendrá el descuento del salario. La situación deja al sector médico y de enfermería en un limbo, con reclamos de diálogo, condiciones dignas y reconocimiento.

En los primeros días de diciembre, la relación entre el personal profesional de salud municipal de Bahía Blanca y el Gobierno local entró en un momento de fuerte tensión. La Asociación de Profesionales de la Salud Municipal – CICOP organizó un paro de 72 horas, que demandó respuestas concretas del Ejecutivo sobre condiciones laborales, jornadas de trabajo y sanciones por la huelga.

De la huelga al entendimiento parcial

El plan de lucha de CICOP Bahía Blanca había sido anunciado semanas antes, el 26 de noviembre, cuando la seccional definió nuevas medidas de fuerza por falta de respuestas de la comuna. Ese plan incluyó un paro activo de 24 horas el 28 de noviembre y otro de 48 horas el 2 y 3 de diciembre, además de una Asamblea y concentración. Entre los reclamos figuraban la jornada laboral del personal de enfermería, el fin del descuento arbitrario de contribuciones solidarias y bonificaciones para profesionales.

Tras la huelga, el conflicto no se resolvió plenamente, pero se produjo una modificación en la calificación de las ausencias de quienes adhirieron a la medida. Originalmente, la ausencia había sido registrada como sin aviso, lo que podía implicar despido con causa; luego se transformó en ausencia con aviso. Esta variante intentó aliviar la consecuencia más grave para el empleo, aunque no eliminó el descuento salarial por las jornadas no trabajadas. Periodistas gremiales consignaron que el municipio descontará los días de paro.

Asimismo, se informó que el Ejecutivo pidió a jefes de área que identifiquen qué profesionales se ausentaron, lo que generó rechazo y preocupación por la fragmentación de equipos y la presión interna. Según cobertura periodística, CICOP adelantó que solicitará revertir la medida y que se trabaja con canales de dialogo; además, se confirmó que hubo auditoría en el Ministerio de Trabajo.

Una carta que expone el impacto real del descuento

A ese contexto se sumó una carta abierta de una profesional de la salud pública local dirigida al intendente Federico Susbielles. El texto, compartido por medios y gremios, describe con claridad el efecto de los descuentos sobre un salario ya ajustado por cargas y deducciones. La autora señala que su remuneración por 30 horas semanales, originalmente calculada en $5.633 por hora, se reduce notablemente tras aportes, obra social y descuento sindical; y que, con esos valores, el ingreso real queda lejos de cubrir necesidades mínimas de una familia.

La carta añade que, tras sostener múltiples roles durante el año para llegar a fin de mes, el comunicado de que en enero se aplicarán más descuentos por haber reclamado genera un impacto que va más allá del bolsillo, erosionando el ánimo, la motivación y el sentido de reconocimiento. Esta voz personal, aunque no incluye datos oficiales de plantel o cifras totales, pone en perspectiva humana la tensión entre la decisión administrativa y la capacidad real de los trabajadores para subsistir en un contexto económico exigente.

La misiva también lamenta la presión puesta sobre coordinadores y jefes para identificar a quienes participaron del paro, algo que, según la autora, fractura la confianza entre equipos y coloca a los mandos en un rol de vigilancia interna. Reclama que el sistema de salud necesita cohesión, cuidado institucional y trabajo colectivo, no mecanismos que dividan o generen temor.

¿Qué quedó resuelto y qué sigue en disputa?

A partir de las comunicaciones de CICOP y del Municipal, se puede decir que:

• Se logró un cambio en la calificación de la ausencia: quedó registrada como con aviso; esto reduce el riesgo de despido por causal directa, pero no elimina el castigo económico.

• El descuento salarial se mantiene, lo cual es una fuente central de conflicto, dado el desgaste de los ingresos y la precariedad económica que describe el personal.

• Los reclamos de diálogo y de condiciones dignas permanecen abiertos. La carta y el comunicado de CICOP, así como la resolución de medidas, subrayan la demanda de reconocimiento real, no solo formal, de la situación del sector.

La situación quedó en un impasse: una medida de fuerza reciente que no fue completamente revertida ni sancionada en su máxima dureza, pero que tampoco fue acompañada de mejoras inmediatas en condiciones laborales o en la política salarial. El conflicto de diciembre refleja la tensión entre un Ejecutivo que busca sostener reglas estrictas de asistencia y un cuerpo profesional que reclama viabilidad material y reconocimiento tras eventos adversos que afectan a la ciudad y a sus trabajadores.

Contexto de la ciudad y el sector salud

Bahía Blanca atravesó fenómenos extremos en poco tiempo, como inundaciones y otros eventos, que impactaron directamente al sistema de salud y a la comunidad. El personal de salud afirma haber estado al pie del cañón desde esos momentos, lo cual añade peso moral a los reclamos. Este contexto no solo es local, sino que se inscribe en una dinámica más amplia: trabajadores de salud, sectores gremiales y profesionales de distintas partes del país han venido advirtiendo sobre la caída del poder adquisitivo, el aumento de cargas de trabajo, y la necesidad de medidas de apoyo concretas. La carta lo expresa con fuerza al destacar que los sanitarios también sufrieron pérdidas personales y comunitarias, enfatizando que la responsabilidad de cuidar no debe recaer únicamente en ellos sin respaldo suficiente.

Lo que viene

Si el descuento salarial se mantiene y no se avanza en soluciones tangibles sobre jornada laboral, salario real, diálogo institucional y percepción de respeto hacia los trabajadores, la posibilidad de nuevas medidas de fuerza o de mayor tensión sigue latente. En tanto, la disputa abre una puerta a la construcción de acuerdos más sensibles a la realidad de quienes sostienen la salud pública, y a una revisión de los mecanismos administrativos que, sin intención de daño, acaban profundizando desgaste, división o desmotivación.

La presión sobre el gobierno municipal, la exposición pública del conflicto y la voz de los propios trabajadores, como la autora de la carta, delinean un escenario en el que el acuerdo parcial obtenido es apenas un paso, no un cierre definitivo. La clausura de la polémica dependerá de si las partes logran transformar el entendimiento actual en propuestas concretas que contengan el descontento, mejoren las condiciones y restablezcan un clima de confianza institucional.