La legisladora de La Libertad Avanza, Nadia Judith Márquez, fue responsable penalmente en una causa por «estafa y otras defraudaciones» en Neuquén por la emisión de títulos sin validez oficial en institutos terciarios. La controversia se agrava al contrastar este antecedente con su voto en el Congreso contra el financiamiento de las universidades públicas.

La diputada nacional por Neuquén del bloque La Libertad Avanza, Nadia Judith Márquez, se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras revelarse su pasado judicial. Márquez fue condenada a cumplir una probation en una causa penal que la acusaba de emitir títulos falsos o «fantasma» a través de institutos terciarios en su provincia.

La sentencia encontró a la legisladora responsable de «estafa y otras defraudaciones» por su participación en la entrega de certificaciones sin acreditación oficial, particularmente en cursos de periodismo. Estos hechos se registraron en el Instituto Cristiano Internacional y en una entidad que se presentaba como universidad, a pesar de carecer de las habilitaciones necesarias. El término «títulos fantasma» hace referencia a la falta de validez oficial de los mismos, lo que configura una defraudación para los estudiantes que invirtieron tiempo y dinero esperando una certificación legítima.

El Contraste de su Carrera Política y Académica

El caso adquiere una relevancia particular al enmarcarse en el actual debate sobre la educación superior. Nadia Márquez, que es abogada y pastora evangélica, cursó sus estudios en una universidad privada. Paradójicamente, en su rol como diputada, ha votado en contra de medidas que buscan garantizar el financiamiento de las universidades públicas del país. Este contraste entre su historial ligado a la educación privada (e irregular en el caso de los terciarios) y su postura política respecto a la educación pública genera un fuerte cuestionamiento sobre su coherencia y compromiso con la educación superior en general.

Además de su rol legislativo, Márquez ocupa la vicepresidencia de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de República Argentina (ACIERA). Su perfil ha estado marcado por otras posturas polémicas; durante la pandemia de COVID-19, la diputada se identificó públicamente como antivacunas, llegando a declarar que la inmunización modificaba el ADN de las personas e incluso contenía chips de control mental.

La condena y el cumplimiento de la probation constituyen un antecedente penal que la diputada lleva consigo, ensombreciendo su perfil en el Congreso. Los hechos demuestran una participación en la emisión de documentación académica que carecía de la legalidad requerida, un antecedente que contrasta fuertemente con la defensa de la transparencia y la calidad educativa que supuestamente debería promover desde su banca.

La revelación de este pasado judicial abre un debate sobre la idoneidad de los funcionarios públicos y sus antecedentes, especialmente en áreas tan sensibles como la educación. La decisión de la diputada Márquez de votar contra el financiamiento universitario, sumada a su propia experiencia con los «títulos fantasma», subraya una posición que muchos consideran contradictoria e insostenible en el contexto político actual.