La diputada nacional Marcela Pagano radicó una presentación ante la Justicia Federal contra el exministro de Defensa por presuntas irregularidades en la adquisición de una aeronave para la Fuerza Aérea. La investigación penal expone un perjuicio fiscal superior al millón de dólares, pliegos direccionados y la recepción del material con severas deficiencias técnicas.

El plano judicial y político nacional sumó una denuncia de extrema gravedad institucional que salpica los resortes de la administración pública de las Fuerzas Armadas. La diputada nacional Marcela Pagano, integrante del bloque Coherencia, formalizó una denuncia penal ante los tribunales de la Justicia Federal contra el exministro de Defensa de la Nación, Luis Petri. La presentación judicial acusa al exfuncionario por malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles, a raíz de la compra presuntamente fraudulenta de una aeronave destinada al reequipamiento logístico de la Fuerza Aérea Argentina.

La presentación de la legisladora no se limita a la figura del actual diputado y exjefe de la cartera militar, sino que extiende las responsabilidades penales hacia un conjunto de funcionarios jerárquicos del Ministerio de Defensa y oficiales de la conducción aeronáutica que convalidaron los expedientes técnicos y financieros del proceso licitatorio bajo sospecha.

Las cifras del perjuicio y las irregularidades del pliego

El eje central de la acusación radica en la compra efectuada durante el período de gestión de 2025 de una unidad de transporte Embraer ERJ-140LR. El Estado argentino, bajo la firma de Petri, convalidó un desembolso total de 4.085.000 de dólares a favor de la corporación proveedora estadounidense Regional One Inc. Sin embargo, de acuerdo con las tasaciones de mercado y auditorías internacionales aportadas por Pagano en el escrito judicial, el valor real estimado para dicho modelo en condiciones operativas óptimas promediaba apenas los 2.300.000 de dólares, lo que configuraría un sobreprecio directo superior a los 1,7 millones de dólares.

Más allá del desfasaje económico, la denuncia técnica detalla un andamiaje administrativo presuntamente diseñado para favorecer a la empresa adjudicataria. El documento penal expone un dato que los peritos consideran una prueba irrefutable de direccionamiento: la aeronave en cuestión ya lucía pintados los colores institucionales y la escarapela de la Fuerza Aérea Argentina desde el año 2023, es decir, dos años antes de que el Ministerio de Defensa abriera de manera formal los canales de la licitación pública internacional.

A esto se suma el factor de las alertas institucionales desoídas. En julio de 2025, la firma competidora Alpha Aviation presentó una impugnación formal contra el pliego licitatorio debido a las arbitrariedades del proceso. Según consta en el expediente radicado en Comodoro Py, dicha advertencia llegó al despacho del propio exministro Petri, quien habría ordenado el archivo de las actuaciones internas de control, clausurando la investigación sobre las maniobras de las dependencias logísticas.

Un informe técnico con 19 deficiencias graves

El escándalo administrativo adquiere ribetes operativos al analizarse el estado material en que el Estado argentino recibió el equipamiento. La presentación judicial de Pagano adjunta las actas de recepción de la propia Fuerza Aérea, donde los mecánicos e ingenieros militares dejaron constancia escrita de 19 fallas técnicas de carácter grave en la estructura del Embraer.

Entre las anomalías documentadas de forma oficial que ponían en riesgo la seguridad de las tripulaciones, se destacan:

• Fugas de aceite continuas en los sistemas de motorización.

• Procesos avanzados de corrosión en sectores críticos del fuselaje.

• Desgaste severo e irregular en los mandos y cables de control de vuelo.

Ante la masiva filtración de los términos de la denuncia judicial, el exministro Luis Petri rechazó de forma categórica haber participado de maniobras de encubrimiento o defraudación. El actual legislador argumentó públicamente que, al tomar conocimiento de las anomalías técnicas e irregularidades mediante informes de auditoría previos a abandonar la titularidad del Ministerio de Defensa, procedió a radicar una denuncia penal de forma autónoma en la Justicia Federal, una versión que ahora deberá ser cotejada y unificada por el juzgado federal interviniente.