Argentina se encamina a finalizar el año con un nuevo récord en litigios vinculados a riesgos del trabajo: cerca de 130.000 demandas por accidentes y enfermedades laborales, según estimaciones privadas. Si se suman los conflictos por despidos, empleo informal y otros motivos, el total de procesos judiciales trepa a 260.000 causas, una cifra que tensiona al sistema judicial y al sector productivo. El incremento de expedientes aparece en pleno debate por la reforma laboral, donde el Gobierno busca reducir la litigiosidad y mejorar la previsibilidad para empleadores y trabajadores.

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) alertó que el volumen actual de juicios es “insostenible”. Su presidenta, Mara Bettiol, advirtió que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”. La entidad sostiene que el marco vigente resulta obsoleto y que la judicialidad se mantiene elevada pese a los avances del sistema: reducción del 81% en la mortalidad laboral, 55% menos de siniestros y una baja del 39% en la gravedad de los accidentes durante casi tres décadas de funcionamiento.

A nivel internacional, el contraste es notable. Argentina registra una litigiosidad 21 veces superior a la de Chile y 15 veces mayor a la de España. Con las tasas de esos países, el país debería tener entre 5.600 y 8.200 juicios por año, muy lejos de los números actuales. Además, la distribución territorial del problema muestra diferencias significativas: la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los casos, mientras que distritos como Salta o Río Negro redujeron notablemente su litigiosidad tras implementar Cuerpos Médicos Forenses dependientes del Poder Judicial, una herramienta que la Ley 27.348 promueve pero que pocas provincias aplicaron plenamente.

Uno de los factores que más preocupa al sector es el esquema de incentivos de los peritajes. En muchas jurisdicciones, los peritos cobran honorarios en función del porcentaje de incapacidad otorgado, lo que, según la UART, fomenta calificaciones superiores a las del baremo oficial. A esto se suman las altas tasas de interés judicial, que convierten los juicios en una apuesta financiera casi garantizada. Actualmente, el 88% de las demandas ingresadas corresponde a casos sin incapacidad reconocida, y el 60% se presenta fuera de los plazos legales, lo que satura aún más a los tribunales.

El impacto económico es profundo: la litigiosidad creciente presiona las primas del seguro de riesgos del trabajo, hoy en 2,77% de la masa salarial, encarece la contratación de personal y actúa como un freno para el empleo formal. Según cálculos del sector, el volumen anual de juicios equivale a 6.891.653 salarios mínimos, un peso adicional que se suma al ya complejo “costo argentino”. Con este panorama, la discusión de la reforma laboral será clave para definir si el país logra frenar la escalada judicial o si la industria del juicio continuará afectando a empresas, trabajadores y al sistema productivo en su conjunto.