El sindicato vial acusó al gobierno nacional de avanzar con el desmantelamiento del organismo a través de cambios administrativos, mientras crece la polémica por el estado de las rutas y la concesión de corredores a privados.

El conflicto en torno a la Dirección Nacional de Vialidad sumó un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunciara que el gobierno nacional avanza con un proceso de vaciamiento del organismo, pese al rechazo del Congreso al decreto que proponía su disolución.

El gremio declaró el estado de alerta y acusó a la administración de Javier Milei de impulsar un rediseño estructural que elimina la ejecución directa de obras y tareas operativas. Según el sindicato, el nuevo organigrama promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reduce a Vialidad a un ente de planificación y control de concesiones privadas.

Desde el STVyARA sostuvieron que la reestructuración implica un “retiro explícito del Estado” en la construcción y mantenimiento de la red vial nacional, con impacto directo sobre millones de usuarios. La organización también cuestionó que los cambios se implementen sin un debate público amplio y consideró que se trata de una transformación profunda del rol estatal en infraestructura.

Intimaciones y protestas sindicales

Frente a este escenario, el sindicato intimó formalmente a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para que se abstengan de adoptar medidas orientadas a la disolución del organismo. El gremio definió a Vialidad como una institución histórica y estratégica para el desarrollo federal.

La secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, criticó la decisión oficial y denunció que el Ejecutivo continúa avanzando mediante resoluciones administrativas. La dirigente confirmó además movilizaciones en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del plan de protesta.

El conflicto se desarrolla en paralelo al llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, autorizada por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Estado de las rutas y debate por las concesiones

En este contexto, un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. El documento también señaló un incremento interanual del 14% en las víctimas fatales por siniestros viales, que alcanzaron las 4.369 muertes.

La concesión de corredores incluye trazas clave como las rutas 3, 5 y 205, especialmente relevantes para la provincia de Buenos Aires. El Gobierno nacional defendió el modelo de obra pública por peaje y argumentó que busca reemplazar un esquema con subsidios por otro con mayor participación privada.

Sin embargo, distintos relevamientos técnicos indicaron que cerca de la mitad de las rutas bonaerenses presenta deterioro, en un escenario marcado por una caída del 82% en la inversión en infraestructura vial en el territorio provincial.

El secretario gremial de FEPEVINA, Fabián Catanzaro, advirtió que el nuevo esquema podría limitar las intervenciones a tareas de bacheo y repavimentaciones puntuales durante largos períodos. Según el dirigente, ese modelo no garantizaría mejoras estructurales en la red vial.

Mientras el Gobierno impulsa la expansión del sistema de concesiones, el debate sobre el rol del Estado en la infraestructura vial y el futuro de Vialidad Nacional continúa abierto, con tensiones crecientes entre la administración central y los trabajadores del sector.