Estafa millonaria dentro del Servicio Penitenciario de Salta: investigan un esquema Ponzi con más de 200 posibles víctimas
La Justicia de Salta investiga una presunta estafa piramidal montada desde el interior del Servicio Penitenciario provincial. El principal sospechoso es un agente con pasado en áreas administrativas. Habría más de 200 damnificados y movimientos financieros superiores a los 2.700 millones de pesos.
Un escándalo que sacude al Servicio Penitenciario
Una investigación judicial de alto impacto volvió a colocar al Servicio Penitenciario de Salta (SPPS) en el centro de la escena. Esta vez, no por hechos vinculados a la seguridad, sino por una presunta estafa financiera de proporciones millonarias, que habría sido organizada desde el interior mismo de la institución.
La causa está en manos de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) y es dirigida por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. El expediente se inició a partir de múltiples denuncias presentadas por personal del propio Servicio Penitenciario, quienes aseguran haber sido víctimas de un sistema de inversiones fraudulentas.
Si bien en los registros oficiales se habla de un centenar de damnificados, fuentes judiciales citadas por medios locales, como Gente de Salta, estiman que el número de afectados podría superar las 200 personas.
Allanamientos y una investigación en expansión
Durante la mañana del jueves pasado, efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, junto a personal de la UDEC, realizaron siete allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la ciudad de Salta y en la localidad de Cerrillos.
Los procedimientos se dieron en el marco de una causa que intenta reconstruir el funcionamiento de un esquema financiero que, según la investigación, habría operado durante varios años, aprovechando vínculos laborales y relaciones de confianza dentro del ámbito penitenciario.
El principal sospechoso
El acusado central es Matías Leonel Torres, un cabo de 33 años que ingresó al Servicio Penitenciario en 2016 y que hasta hace pocos meses se desempeñaba en la Dirección de Administración del organismo, un dato clave para los investigadores por el acceso a información y circuitos internos.
Según trascendió, Torres sería sobrino de Carina Torres, exdirectora del SPPS. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que este vínculo familiar forma parte de las líneas de análisis, aunque no se adelantaron conclusiones.
Un sistema de inversión iniciado en pandemia
De acuerdo con la fiscal Salinas Odorisio, los denunciantes relataron que el sospechoso ofrecía un sistema de inversión que comenzó a funcionar en 2020, durante la pandemia. El mecanismo prometía altos rendimientos en plazos cortos, una característica típica de los esquemas piramidales o sistemas Ponzi.
En este tipo de maniobras, los pagos a los primeros inversores se realizan con el dinero aportado por nuevos participantes, generando una apariencia de rentabilidad que se sostiene solo mientras ingresan fondos frescos.
Movimientos millonarios y cuentas virtuales
El volumen de dinero involucrado encendió todas las alarmas. A partir del análisis de extractos bancarios y el cruce de datos financieros, los investigadores detectaron:
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409 operaciones concentradas en apenas tres cuentas virtuales a nombre del sospechoso.
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Las plataformas utilizadas fueron Mercado Pago, Ualá y Naranja X.
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El circuito completo habría involucrado al menos 22 cuentas distintas.
El monto total de fondos movilizados superaría los 2.702 millones de pesos, una cifra inédita para una causa de estas características en el ámbito penitenciario provincial.
Además, se detectó el envío de más de 120 millones de pesos a la firma Cocos Capital SA, operación que también está siendo analizada para determinar su origen y finalidad.
Quiénes habrían sido las víctimas
La investigación permitió establecer que al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario realizaron transacciones con el denunciado. A ese grupo se suman:
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Personas registradas como visitas
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Exinternos
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Terceros sin vínculo directo con el SPPS
Este entramado refuerza la hipótesis de que la maniobra trascendió el ámbito interno y se expandió hacia otros círculos, ampliando el número de posibles damnificados.
Una estructura en tres niveles
Para la fiscalía, la presunta estafa se habría organizado en tres niveles bien definidos:
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El organizador, identificado como Matías Torres, con inserción en áreas administrativas.
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Un grupo reducido de funcionarios, que habrían actuado como captadores y concentradores de fondos, aprovechando la confianza entre compañeros de trabajo.
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Una base amplia de aportantes, integrada por más de un centenar de agentes penitenciarios.
El hecho de que la maniobra se haya desarrollado dentro del ámbito institucional podría agravar la situación procesal de los involucrados, al configurarse un posible abuso del cargo y de la confianza entre pares.
Un nuevo golpe a la credibilidad del SPPS
Este expediente se suma a otros antecedentes recientes que ya habían puesto al Servicio Penitenciario de Salta bajo la lupa judicial. En octubre del año pasado, la Justicia condenó a 17 personas vinculadas a una red narcocriminal que operaba dentro del organismo, varios de ellos exfuncionarios.
Con esta nueva causa, el SPPS vuelve a quedar expuesto, no solo por fallas individuales, sino por problemas estructurales de control interno, un aspecto que ahora también será evaluado en el marco de la investigación.
