Vive a metros de la plaza Rivadavia y asegura que desde hace dos años sufre hostigamientos constantes. Realizó múltiples denuncias, pero afirma que no recibe respuestas y teme por la seguridad de su familia.

Una grave situación de violencia y hostigamiento fue denunciada por una mujer que reside en un complejo de departamentos ubicado en Estomba al 200, a pocos metros de la plaza Rivadavia. Se trata de Ceferina Garzilazo, quien asegura ser víctima de amenazas, agresiones físicas y distintos episodios intimidatorios por parte de una vecina, y reclama ayuda urgente ante la falta de respuestas judiciales.

Según relató, el conflicto se extiende desde hace al menos dos años y fue escalando con el tiempo, sumando hechos cada vez más violentos. A pesar de haber realizado numerosas denuncias, sostiene que no encuentra soluciones efectivas y que, además, no cuenta con los recursos económicos necesarios para mudarse del lugar.

«Publicó mi número de teléfono y usó fotos mías de Facebook en páginas de tipo sexual, me escribió cosas en la puerta y me cortó internet», denunció Garzilazo, quien vive en el lugar junto a sus hijos.

La mujer identificó a su vecina como Romina Cajaravilla, a quien acusó de haberla amenazado de muerte en reiteradas oportunidades. Una de esas amenazas quedó registrada en un audio grabado por uno de sus hijos, en el que se escuchan frases de extrema violencia.

«Tuve que poner cámaras en la puerta de mi casa, mandar a mi hijo de 18 años a vivir con su padre y dejar un trabajo. No puedo más», expresó, visiblemente angustiada.

El origen del conflicto

De acuerdo con el testimonio de Garzilazo, el problema comenzó en 2023 a raíz de una discusión económica vinculada a arreglos cloacales. La vecina le habría exigido que pagara parte de los trabajos, acusándola de haber provocado el desperfecto.

«Ella vive en el último departamento y yo en el anterior. Dice que tapé las cloacas con un tampón o una toallita, algo que ni siquiera uso», explicó. Ese mismo año, según denunció, sufrió un empujón que derivó en un forcejeo y terminó siendo denunciada ella misma.

En julio del año pasado, el conflicto sumó un nuevo episodio. «Cuando volvía de hacer unas compras, me estaba esperando en el pasillo y me clavó un objeto en el cuello para amenazarme. Yo no reaccioné para no empeorar la situación, pero después me arrancó el internet, las mangueras del aire y causó otros destrozos», relató.

Denuncias y falta de respuestas

El episodio más grave ocurrió el 21 de agosto, cuando —según la denunciante— fue atacada en el ingreso a su vivienda. «Me agarró del cuello y me golpeó. Mi hijo llamó al 911, pero terminé detenida yo. Me dijeron que para salir tenía que hacerme cargo y firmé por consejo de mi abogada, aunque siempre negué haberla agredido», explicó.

Garzilazo afirmó además que la Justicia dictó medidas de restricción en al menos tres oportunidades, pero que su vecina no las cumple.

«Estoy cansada de denunciar y que no pase nada. Fui a Fiscalía, me mandan a la comisaría, en la comisaría me tienen horas y no pasa nada. No puedo pagar un abogado y no sé a dónde recurrir», concluyó.