El oficialismo impulsa a la diputada libertaria para encabezar un espacio clave en la Cámara Baja, rompiendo con la tradición de designar abogados. El objetivo principal sería frenar el debate sobre el escándalo de la criptomoneda $Libra. En paralelo, Sebastián Pareja suena para liderar la Bicameral de Inteligencia.

La conformación de las comisiones más sensibles para el oficialismo en la Cámara de Diputados continúa pendiente, y las negociaciones exponen la estrategia del Gobierno para protegerse de las investigaciones en curso. Las miradas están puestas en dos espacios fundamentales: la comisión de Juicio Político y la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).

Todo indica que la comisión de Juicio Político se conformará después de Semana Santa. Aunque inicialmente sonaba el nombre de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo se inclinaría por designar a la diputada Lilia Lemoine. Esta postulación marca una clara intención del Gobierno: lograr que la comisión tenga una actividad nula o sumamente controlada para evitar reveses políticos.

La elección de Lemoine rompe con una fuerte tradición parlamentaria. Históricamente, este espacio estratégico ha sido conducido por legisladores con formación en derecho. La diputada libertaria, conocida por su pasado como cosplayer y su perfil mediático, carece de la trayectoria técnica y jurídica que habitualmente se espera para el cargo, aunque el reglamento de la cámara baja no exige el título de abogado como requisito excluyente.

Detrás de esta maniobra se encuentra la presión por obturar debates espinosos, principalmente el escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra. La oposición ya prepara un pedido de informes para que el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, respondan un extenso cuestionario sobre este caso. En este escenario, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, busca garantizar la lealtad absoluta en la conducción de la comisión, evitando repetir el episodio del año pasado con la diputada Marcela Pagano, quien intentó presidir el espacio sin el aval del Ejecutivo.

Para blindar estos temas, el oficialismo cuenta con una ventaja numérica: de los 31 lugares de la comisión, retendrá 13. El interbloque Fuerza del Cambio aportará 3 bancas (incluyendo a Cristian Ritondo), la UCR tendrá 1, el interbloque Unidos contará con 4, y Unión por la Patria quedará con 11 representantes. Con esta composición, la oposición enfrentará grandes dificultades para imponer su agenda.

El frente de la Bicameral de Inteligencia

La situación se replica en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que este año debe ser presidida por un diputado. Karina Milei busca ubicar a un legislador de extrema confianza para evitar sorpresas. Tras rechazar las presiones del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo —quien condicionaba el apoyo de sus diputados en Juicio Político a cambio de presidir la CBI—, el oficialismo eligió a Sebastián Pareja, armador político del espacio, para ocupar ese rol.

En esta comisión, el Gobierno también enfrenta frentes delicados. La oposición, que postula a figuras como Rodolfo Tailhade y el exinterventor de la AFI, Agustín Rossi, buscará impulsar el tratamiento de la documentación sobre la causa $Libra que estaba en poder del fiscal Eduardo Taiano, así como la investigación por el vuelo privado del vocero Manuel Adorni a San Fernando.