El Ejecutivo impulsa una cláusula en la reforma laboral que obligaría a los delegados a pedir permiso a la empresa para convocar reuniones internas. La medida, que busca evitar «medidas de fuerza encubiertas», revivió las alarmas en la CGT y otros sindicatos, que la consideran un grave retroceso en la libertad de acción colectiva, derecho garantizado por la Ley 23.551.

El Gobierno de Javier Milei ha reabierto un frente de conflicto con las centrales obreras al incluir en un borrador de la inminente reforma laboral una medida que apunta directamente a restringir uno de los pilares de la acción gremial en los lugares de trabajo: las asambleas. El texto en discusión establece que los representantes sindicales deberán contar con la autorización previa del empleador para convocar a reuniones dentro de los establecimientos, una propuesta que inmediatamente generó el «enérgico rechazo» de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La propuesta, que aún no tiene el visto bueno final del Consejo de Mayo pero ya se filtró a la prensa, modifica de facto el espíritu del artículo 23, inciso e, de la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que actualmente otorga a los gremios el derecho de «realizar reuniones o asambleas sin necesidad de autorización previa».

 

El argumento oficial: control de «protestas disfrazadas»

 

Desde la Casa Rosada, la justificación para esta nueva ofensiva regulatoria es clara: la necesidad de evitar que las asambleas se transformen en «protestas disfrazadas» o en medidas de fuerza indirectas que perjudican la producción y afectan a terceros.

El ejemplo más citado por el Ejecutivo para respaldar la iniciativa es el conflicto que el sector aeronáutico protagonizó el año pasado, cuando las asambleas gremiales en horarios de trabajo paralizaron aeropuertos clave como Ezeiza y Aeroparque. Según el oficialismo, el objetivo no es desarticular la representación sindical, sino «garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales» y evitar el caos operativo que generan estas convocatorias sin previo aviso.

Esta visión es compartida por el sector empresarial, que a través de entidades como el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), denuncian que algunas organizaciones sindicales utilizan las asambleas como «bloqueos indirectos», una herramienta que afecta el desarrollo normal de la actividad. En el ámbito gremial, sin embargo, se defiende que las asambleas son la máxima expresión de la deliberación de los trabajadores y que, en la práctica, la notificación de su realización ya se da para asegurar la participación del personal, informando al empleador.

 

Un antecedente fallido: el DNU 70/2023

 

La medida no es nueva y revive una idea que el propio Gobierno había intentado imponer al inicio de su gestión a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En aquel decreto, el artículo cuestionado ya establecía que las asambleas debían realizarse sin perjudicar las actividades normales de la empresa.

Sin embargo, ese capítulo de la reforma laboral del DNU fue declarado inconstitucional en parte por la Justicia, tras un amparo presentado por la CGT, que advirtió sobre la «restricción muy importante al ejercicio de la acción colectiva». Si bien la medida fue eliminada de la primera versión de la Ley Bases tras negociaciones con la central obrera, el oficialismo vuelve a insistir con una redacción que se percibe aún más estricta al requerir la «autorización previa».

Un antecedente de regulación similar, aunque en el ámbito de la administración pública, se dio en la Ciudad de Buenos Aires en 2012, bajo la gestión de Mauricio Macri, con una disposición que exigía presentar los pedidos de asamblea con 72 horas de anticipación y prohibía entorpecer las tareas.

 

La ofensiva integral y el rechazo sindical

 

El intento de controlar las asambleas se inscribe en un paquete de reformas laborales más amplio que, según los sindicatos, representa la mayor ofensiva contra la organización gremial desde 1990.

El borrador incluye otras restricciones que han elevado la tensión con la CGT, como:

• Limitación de delegados: Reducción en el número de delegados gremiales por establecimiento.
• Crédito de horas: Restricción en el uso del crédito de horas mensuales retribuidas para la actividad sindical, especificando que no podrán implicar la interrupción de tareas.
• Aportes solidarios: Restricción de los aportes solidarios solo a trabajadores afiliados, debilitando la financiación de las organizaciones.
• Tutela gremial: Acortamiento de la estabilidad gremial posterior al mandato.

La CGT ha sido enfática en su postura, calificando la iniciativa como una «ratificación del DNU 70/23» y advirtiendo que toda flexibilización de derechos «solo traerá más precariedad y desigualdad». Dirigentes como Cristian Jerónimo, uno de los nuevos líderes de la central, han señalado que están dispuestos a «sentarse en una mesa» de diálogo, pero no a «negociar ciegamente» una reforma que desarticula a los gremios.

La discusión sobre la libertad sindical y el poder de negociación de los trabajadores se trasladará inevitablemente al Congreso, donde el oficialismo, sin mayoría propia, enfrentará el rechazo explícito del peronismo y la resistencia de otros bloques que temen un recorte de derechos laborales adquiridos. La incógnita reside en si el Gobierno logrará imponer estas modificaciones y hasta qué punto la CGT, que ya cerró filas con los lemas #Basta y #NiUnPasoAtrás, estará dispuesta a elevar el nivel de confrontación.