La propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei volvió a encender las alarmas en el ámbito sindical. Jorge Sola, uno de los recientes cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que la central obrera aún no fue consultada sobre los cambios que se buscan implementar. Además, el dirigente enfatizó que antes de debatir modificaciones en las leyes laborales, el país necesita una transformación tributaria que alivie la carga impositiva sobre las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como clave para la inversión y el empleo.

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Sola explicó que las pymes enfrentan un esquema impositivo que puede absorber entre el 30 y el 40% de sus ventas por impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y advirtió que el Gobierno está “invirtiendo el orden de prioridades”, al sostener: “El costo de los trabajadores es el costo salarial, básicamente es eso nada más. Creo que en este caso el gobierno está invirtiendo el orden de prioridades para generar inversión productiva. La resolución no es la reforma laboral, es primero la reforma tributaria”. También subrayó que solo existen “trascendidos” sobre el proyecto oficial y que no fueron convocados empleadores ni trabajadores, lo que a su criterio resta legitimidad al proceso.

Sola remarcó que la CGT permanece en alerta ante la posibilidad de que la reforma avance sin la participación de quienes sufrirán sus consecuencias. Explicó que ni los sectores productivos ni los trabajadores han sido escuchados, lo que vuelve “inválido” un tratamiento generalizado. Según el dirigente, cada actividad requiere soluciones específicas, y ejemplificó que mientras en el sector servicios la jornada laboral es de siete horas, en la minería los empleados trabajan turnos de quince días corridos. “Es un problema creer que una ley generalizada atraviesa a todas las actividades”, dijo, advirtiendo además que comparar la actividad de servicios con la de la minería es un error conceptual.

En relación con los convenios colectivos, Sola destacó que muchos ya incorporaron actualizaciones relevantes, desde el trabajo remoto hasta la inteligencia artificial en seguros. Insistió en que la modernización se da de forma sectorial y que el Estado debe participar en las discusiones con eficiencia, sin caer en la burocracia. También indicó que el Gobierno podría presentar el proyecto en febrero, en sesiones extraordinarias, aunque advirtió que la participación de los sectores involucrados en el Congreso suele ser simbólica y no influye en el texto final. A su vez, mencionó que la negociación sectorial ha avanzado en áreas como transporte y puertos, adaptándose a cambios tecnológicos y productivos.

El dirigente también analizó la situación del empleo, recordando que el país acumula 15 años de estancamiento en el sector privado y la pérdida de 250.000 puestos laborales en los últimos dos años, equivalentes al cierre de 18.000 pymes. Abordó además el temor a los juicios laborales, afirmando que si el empleador cumple con la ley no debería haber conflicto, aunque reconoció que los procesos pueden extenderse más de cinco años, afectando tanto a empresas como a trabajadores. Consultado sobre el posible recorte de aportes sindicales, Sola fue tajante: “Nada que vaya en contra del fortalecimiento de las estructuras gremiales es constitucional”, y recordó que el Pacto de San José de Costa Rica protege la acción sindical. Finalmente, sostuvo que la afiliación es un derecho constitucional y reafirmó que la CGT llega “fortalecida en la unidad” para negociar con el Gobierno.