El fiscal federal Ramiro González requirió al Poder Ejecutivo Nacional la remisión urgente del expediente administrativo relacionado con el mantenimiento de los espacios verdes de la Casa Rosada y la Quinta de Olivos. La medida se dictó tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano que expone presuntas maniobras de cartelización y simulación de competencia entre los oferentes adjudicados.

La regularidad de los procesos de contratación pública en el entorno más cercano de la Jefatura de Estado quedó formalmente bajo análisis en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Ramiro González ordenó al Gobierno nacional la entrega inmediata de la totalidad de las actuaciones administrativas correspondientes a una licitación de aproximadamente 700 millones de pesos destinada al acondicionamiento de las sedes gubernamentales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el norte del conurbano bonaerense.

La resolución de la fiscalía se adoptó como una medida previa y preparatoria antes de resolver el impulso formal de una acción penal o dictar el desestimamiento de las actuaciones. Según los fundamentos volcados por las autoridades del Ministerio Público Fiscal, el requerimiento busca determinar de forma fehaciente las condiciones logísticas y el grado de avance contractual del concurso de precios para evaluar la existencia de posibles perjuicios patrimoniales contra las arcas estatales.

Los alcances de la Licitación Pública 26

El procedimiento observado por la Justicia Federal es la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, una convocatoria oficial diseñada y tramitada bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, conducida por Karina Milei. El objeto formal del pliego técnico estipula la contratación de un «servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes» ubicados tanto en el predio de la Casa de Gobierno como en el parque interior de la Residencia Presidencial de Olivos.

De acuerdo con el texto de la denuncia penal que dio origen a la intervención de los tribunales —presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, exintegrante del bloque oficialista La Libertad Avanza y actualmente referenciada en la bancada Coherencia—, el proceso licitatorio presentaría vicios de nulidad y maniobras incompatibles con la transparencia administrativa. La presentación judicial apunta directamente contra la funcionaria nacional por los presuntos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Denuncia por competencia ficticia y cartelización

El cuestionamiento técnico central que el fiscal federal incorporó para justificar el pedido de informes se vincula con la identidad corporativa de los consorcios empresariales que formalizaron sus propuestas económicas ante la Secretaría General. Las constancias judiciales indican que las firmas postulantes que compitieron por la adjudicación del presupuesto de 700 millones de pesos fueron La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA.

Sin embargo, la presentación judicial de Pagano detalla que ambas firmas comerciales carecen de una independencia jurídica e institucional real, configurando un escenario de cartelización para distorsionar los valores de mercado. La sospecha se encuentra respaldada por un dictamen previo emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), un organismo dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Las autoridades de control de la CNDC concluyeron en su informe técnico que La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA integran, en términos estrictos, un mismo grupo económico unificado. “Se sostiene que dicha circunstancia generaría una apariencia ficticia de competencia en el marco de la licitación”, remarcó el fiscal González. La simulación de ofertas cruzadas habría permitido asegurar la adjudicación del mantenimiento bajo un esquema de precios previamente acordado, evadiendo los mecanismos reales de puja de costos indispensables en las contrataciones de la administración pública.