El diputado nacional enfrenta una nueva causa en el juzgado de Sebastián Casanello. Se lo acusa de utilizar a un funcionario estatal y su despacho en el Congreso para denunciar por «hostigamiento» al abogado que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El contraataque judicial que complica al legislador del PRO

La situación procesal de Cristian Ritondo ha sumado un nuevo y grave capítulo. El legislador, que ya se encontraba bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos a raíz de sus millonarios desarrollos inmobiliarios, ahora ha sido denunciado por peculado y abuso de autoridad. La presentación, radicada por el abogado Jeremías Rodríguez, recayó en el Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Casanello, con la intervención del fiscal Carlos Stornelli.

Esta nueva acusación surge como respuesta a una maniobra previa de Ritondo. Días atrás, el diputado denunció a Rodríguez —quien activó las causas patrimoniales en su contra— por supuesto «hostigamiento digital». Sin embargo, la forma en que se radicó esa denuncia es lo que hoy motiva la sospecha de delitos contra la administración pública.

Recursos del Estado para fines privados

El eje de la denuncia por peculado se centra en la figura de Agustín Alejandro Esnal, el abogado que representa a Ritondo en su causa por hostigamiento. Según documentación oficial, Esnal es empleado de ACARA, un ente cooperador utilizado para contratar personal que cumple funciones efectivas en el Ministerio de Justicia de la Nación. La querella sostiene que Ritondo habría utilizado los servicios profesionales de un funcionario pagado con fondos públicos para tramitar una defensa de carácter estrictamente personal.

Esnal no es un recién llegado a la función pública: cuenta con antecedentes en el Ministerio de Seguridad y ANSES, además de ser socio de un estudio privado y docente de Derecho Penal Financiero. Sus vínculos con el Poder Judicial son igualmente estrechos; su esposa, María Lucila Bienati, se desempeña como secretaria en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

El despacho del Congreso como domicilio legal

Otro punto crítico que fundamenta el presunto abuso de autoridad es la utilización del ámbito parlamentario para fines judiciales privados. En su denuncia contra Rodríguez, Ritondo fijó como domicilio legal su oficina en el Congreso de la Nación, específicamente en Av. Rivadavia 1846, Oficina 318.

Para los denunciantes, utilizar el despacho oficial y los recursos institucionales que la Cámara de Diputados otorga para el ejercicio de la labor legislativa con el fin de amedrentar a un particular configura una extralimitación de sus funciones.

Un patrimonio bajo la lupa

Estas derivaciones judiciales se desprenden de investigaciones que expusieron un entramado inmobiliario valorado en más de 55 millones de dólares. La Justicia ya ha recibido informes oficiales que ratifican la existencia de cuentas bancarias y sociedades vinculadas a Ritondo, su pareja y una constructora de su entorno cercano, lo que refuerza las hipótesis de enriquecimiento ilícito.

Con la entrada de Casanello y Stornelli en esta nueva arista, la causa por peculado promete ser un test de transparencia sobre cómo los funcionarios públicos utilizan las prerrogativas y el personal del Estado para dirimir sus conflictos judiciales privados.